Rosalía Rodríguez Alemán. Ando Sataute

7 de marzo de 2015

Canarias ha experimentado en las últimas décadas profundos cambios demográficos, económicos y socioculturales que han tenido indudables efectos positivos en la población, si bien ciertos problemas endémicos y otros de nuevo cuño dificultan que en las Islas sea factible la cohesión social.

 En el escenario de la crisis económica nacional, actualmente, Canarias se sitúa como la quinta Comunidad Autónoma con mayor número de parados/as (paro registrado en las oficinas del empleo), tras Andalucía (1037.716), Cataluña (582.769), Comunidad Valenciana (518.733) y Madrid (506.037) (INE, 2014). Ello a pesar de que la tasa de paro bajó en enero y en febrero en Canarias.

Fotografía: Rosalía Rodríguez Alemán

 Por sexos, en este archipiélago siguen siendo las mujeres las que tienen mayor peso en la lista del paro, ascendiendo a 133.816 en febrero de 2015, mientras que los hombres se situaron en 124.871. Por su parte, los desempleados y desempleadas menores de 25 años se situaron en 15.567.

 Las cifras del paro se manejan en los medios de comunicación de manera desprovista de emoción, pero a las personas desempleadas les genera desesperación, angustia, ansiedad o estrés, dependiendo del tipo de responsabilidades que tenga la persona afectada. A nivel familiar, el desempleo puede generar conflictos con la pareja debido a los problemas económicos. Y a nivel social, genera marginación y discriminación.

 Canarias es, además, una de las tres comunidades autónomas con los ingresos medios más bajos de todo el Estado Español (Extremadura, Región de Murcia y Canarias) y una de las que tienen la cesta de la compra más cara. Los cinco primeros puestos en la lista de las ciudades con la cesta más cara se los reparten las tres ciudades más ricas del norte del Estado español y las dos capitales canarias.

A todo ello se suma que el nivel de ingreso disponible en los hogares canarios se ha reducido un 17% de 2007 a 2013, pasando por término medio de 1.950€ a 1.619€ al mes. Un valor se sitúa en niveles similares a 2004 (ISTAC, 2014).

 A resultas de todo ello, en este país, cada vez cae más gente bajo el umbral de la pobreza, tanto personas desempleadas como personas empleadas con bajos salarios (ver tabla).

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida (INE, 2014)

 En el año 2013, la proporción de hogares canarios que no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos alcanzó el 64,1%, esto es seis de cada diez hogares no tenía tal capacidad, muy por encima de la media española (41,0%), y solo por atrás de la ciudad autónoma de Ceuta.

 Así las cosas, en la encuesta de 2013 (ingresos 2012) la tasa de riesgo de pobreza se situó en el 20,4% de la población residente en España, frente al 20,8% registrado el año anterior (INE, 2014). Y si efectivamente se redujo unos puntos porcentuales la tasa no fue por la reducción del número de personas vulnerables, sino porque los ingresos medios habían disminuido en el país, haciendo descender la llamada tasa de riesgo de pobreza, sobre todo por el efecto de la “salida” de los/as mayores de 65 años, quienes suelen poseer una pensión de jubilación.

 El valor de la línea de pobreza en Canarias para 2013, situó al 23% de la población bajo el umbral de la pobreza (ISTAC 2014), una proporción superior a la media nacional (20,8%). El Istac (2014: 12) también señala, en relación a la edad, que:

 La tasa de pobreza relativa afecta prácticamente igual a hombres y a mujeres (22% y 23%, respectivamente), excepto en los tramos de edad de 20 a 29 años, y 40 a 49 años donde las mujeres alcanzan tasas de pobreza significativamente superiores a los hombres.

 A diferencia de otros periodos analizados, donde la proporción de personas bajo el umbral de la pobreza se incrementaba con la edad, para el año 2013 se invierte esta tendencia. La incidencia de la pobreza relativa decrece con la edad, afectando con mayor intensidad en la infancia y juventud (personas de 0-9 años, 31%; 10-19 años, 27%; 20-29 años, 28%) y menos en las grupos de edad mayores (personas de 60-69 años, 20%; más de 70 años, 18%).

 Tras la crisis, hombres, jóvenes y menores ganan visibilidad en es el espacio de la precariedad social, pero las mujeres siguen alcanzando tasas de pobreza significativamente superiores a los varones.

 La situación en el municipio de Santa Brígida no se puede conocer con exactitud pues los datos relativos a la Tasa de riesgo de pobreza no se desagregan a nivel municipal. Ahora bien, se sabe que el desempleo registrado en enero de 2015 afectaba a 1665 personas (Obecan, 2015), frente a los 1825 en febrero del año anterior, o lo que es lo mismo, las Tasa de desempleo municipal ronda el 33,3%. Lo cual revela que el dinamismo económico en el municipio es de muy baja intensidad, y seguramente está asociado al del municipio vecino, que es la capital de la Isla. Algo lógico pues Santa Brígida languidece, desde hace ya mucho tiempo, bajo el peso del “mamotreto”[1].

 Elaboración propia. Fuente: Obecan, 2015.

 La mayor tasa de desempleo en Santa Brígida afecta a la población no cualificada, seguida por los/as trabajadores/as de los servicios de restauración, personales, de protección y vendedores de comercio, tras ellos la personas empleadas de tipo administrativo, y las personas artesanas y trabajadoras cualificadas de industrias manufactureras y construcción.

 Elaboración propia. Fuente: Obecan, 2015.

 De esta manera resulta que, a las personas que de forma recurrente se veían abocadas a recurrir a los Servicios Sociales de nuestro municipio ante la imposibilidad de normalizar su situación en el mercado laboral, cada vez se suman más personas de perfiles diferenciados: jóvenes, tituladas universitarias, etc.

 En 2015, en Santa Brígida, las personas en exclusión social o en riesgo de exclusión social son tanto mujeres como hombres, fundamentalmente de edades comprendidas entre los 30 y los 55 años. Padres y madres, desempleados/as, algunos con subsidios, pero habiendo agotado la mayor parte de ellos todas las prestaciones que ofrece el Servicio Canario de Empleo… Para algunas mujeres que no tienen derecho a prestación por haber estado en la economía irregular (limpiadoras, etc.) la situación se hace más complicada. Muchas de estas familias viven en casas compartidas con otras unidades familiares, cedidas por familiares o de alquiler… Además, las personas mayores se están viendo en la obligación de mantener a sus descendientes con sus pensiones de jubilación o viudedad.

 Elaboración propia.

 Todo ello acontece en un contexto en el que el acceso a las condiciones de las prestaciones es cada vez más duro, en el marco de políticas de austeridad y de reducción del gasto social. A buen seguro es por ello que más de 255 familias en el municipio acuden a los Bancos de alimentos. Familias en la que el/la sustentador/a principal ha perdido un empleo, tenía un negocio que se ha venido abajo, cobra una renta básica o una pensión no contributiva y que una vez que pagan la luz, el agua, el alquiler y los posibles estudios, no tienen para la compra.

 Número de familias satauteñas por banco de alimentos
Cáritas parroquial La Atalaya                                     Sin dato
Cáritas parroquial Santa Brígida                  47         (Cáritas SB, 13 de julio de 2013)
Ayuntamiento                                                   68         (Canarias 7, 5 de octubre de 2014)
Obra Social San Benito                                 140         (Canarias 7, 14 de junio de 2014)

Elaboración propia.

 Tratar en profundidad las causas de la pobreza es un asunto complejo, por ser multicausal, difícilmente identificable si no es a través de las propias familias de las que forman parte, las cuales soportan la dificultad de los procesos de articulación de nuestra sociedad. Ahora bien, también hay que considerar problemas estructurales, como la fragilidad del modelo económico canario, las acusadas diferencias de la estructura social o la persistencia de las desigualdades de género; a la par que se cronifican las deficiencias del sistema educativo, la imposibilidad del mercado laboral de absorber población joven cualificada, la insuficiencia de iniciativas públicas dirigidas a facilitar herramientas a la mano de obra descualificada para mejorar su inserción y la escasez de apoyos a las familias.

 Y mientras cada vez más, ante una demanda creciente en los Servicios Sociales de diferentes administraciones, acontece la reducción del personal, de los servicios y las ayudas (disminución de la financiación). Y aún más allá, se aproxima el desmantelamiento de los Servicios Sociales en muchos los ayuntamientos de Canarias, como el nuestro, a consecuencia de la llamada “Ley de Racionalización de las administraciones locales” que surtirá efecto a 31 de diciembre de 2015. Según la ley los municipios de menos de 20.000 habitantes no prestarán “atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”, pues esa función se reserva a municipios con más de 50.00 habitantes).

 En fin, parece claro que garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos requiere poner a las personas en el centro de la vida comunitaria, y ello requiere implementar nuevas políticas sociales, participativas e inclusivas, alejadas de lo asistencialista.

 [1] Una obra inconclusa por trece años, que además costará a los/as sautateños/as unos ocho millones de euros pues el TSJC condenó al Ayuntamiento a pagar a la UTE contratada para edificar por la imposibilidad de explotar comercialmente la construcción, más los 3.743,03 euros por cada día adicional de paralización transcurrido a partir del día 17 de marzo de 2011.