Ando Sataute presentó al pleno este jueves 23 de febrero una moción de apoyo a la Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones (MERP), con el objetivo de sumarse al debate abierto y vinculante propuesto a toda la ciudadanía acerca del futuro de las pensiones públicas. Quedó aprobada con el voto a favor de los nueve integrantes del pacto municipal (Ando Sataute, UxGC, NC, PSOE Y CCD), mientras que el PP lo hizo en contra y CxS y Ciudadanos se abstuvieron.
Desde el año 2011 hasta hoy, las pensiones se han visto sometidas a constantes congelaciones, recortes e acciones de privatización a manos del Partido Popular, en colaboración con el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, yendo así contra el derecho constitucional que reconoce que “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos de la tercera edad” (art. 50).
La última reforma llevada a cabo, recogida en la Actualización del Programa de Estabilidad de 2014-2017, supone que la inversión se reduce a cuatro puntos porcentuales del PIB, y es que en 2050 la cuantía destinada se mantendrá en un nivel similar al de la actualidad (10.5% del PIB) y será todavía menor diez años después (9’6 %), según las proyecciones reflejadas. Lo que se pretende es “ahorrar” a través de mecanismos como la reducción del sistema de pensiones conforme aumente la esperanza de vida y, por tanto, la promoción del “envejecimiento activo” mediante la ampliación de la edad de jubilación y, por supuesto, gracias al incremento de los planes privados de pensiones que se regularán gracias a la vinculación con el Círculo de Empresarios.
Lo que no se expone tan abiertamente a la ciudadanía es que el número de pensionistas se duplicará (de 8 millones a 15,2), que estarán destinados a perder su poder adquisitivo, que la capacidad de ahorro será cada vez más inviable y que, consecuentemente, se incrementará la desigualdad y la pobreza, debido a la implantación de un sistema puramente individualista que apuesta por un modelo mixto de pensiones y por el auge de lo privado y una menor implicación y aportación del servicio público.
Es en este contexto donde surge la MERP, una plataforma unitaria que tiene como objetivo promover una reforma de la Constitución que prohíba cualquier medida que rebaje el poder adquisitivo de las pensiones o posibilite la privatización del sistema público de las mismas. Está constituida por fuerzas sociales, sindicales y políticas de distintas ideologías que se han unido con el propósito de hacer un llamamiento pacífico y democrático, sin adscripción a ninguna sigla partidista, ideología concreta o credos religiosos. Asimismo, también busca el apoyo de las organizaciones, los individuos y las personalidades democráticas del ámbito del pensamiento, la ciencia, el deporte, el arte, la cultura, etc., que, desde su independencia personal y política, compartan la intención de este proyecto.
El Ayuntamiento de Santa Brígida se suma esta iniciativa ciudadana que promueve una reflexión y un debate que culminaría con la realización de un referéndum que logre una reforma de la Constitución. Para ello, se insta, en la moción presentada, al Gobierno de España a que posibilite esta convocatoria en la que la ciudadanía sea la que decida democráticamente, sin ningún intermediario, la inclusión del derecho de los españoles a recibir una pensión digna, así como la prohibición expresa de recortar o transformar el sistema público de pensiones en uno privado. En este sentido, el Ayuntamiento facilitará a las organizaciones que promueven dicha reivindicación, los cauces para que su iniciativa se extienda y se dará traslado al Gobierno de España, a los grupos parlamentarios, al defensor del pueblo y a la Mesa Estatal Pro-Referéndum sobre las Pensiones.
Desde el movimiento ciudadano Ando Sataute creemos fundamental apoyar este tipo de iniciativas que llaman a la reacción social ante la falta de transparencia de los gobiernos y se oponen a decisiones que comprometen los derechos de la ciudadanía y al “Estado Social y democrático de Derecho” definido por la Constitución Española, y que no velan por los cuidados intergeneracionales y desacreditan el derecho a la independencia de los individuos en las distintas etapas de su vida.
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